Después del fallo de la Corte Suprema
de Justicia que anula el aumento en las tarifas de gas para los
usuarios residenciales, desde la Multisectorial contra el tarifazo de
la Ciudad de Buenos Aires manifestamos nuestra profunda preocupación
por considerar la decisión del máximo tribunal como una decisión
que no resuelve el problema colectivo y que es la expresión de la
continuidad del tarifazo impulsado por el gobierno nacional.
Con
la movilización popular y la presión de la sociedad en su conjunto
para ponerle un freno al tarifazo, la Corte se vio obligada a tomar
una definición. En este sentido, los Ruidazos que llevamos adelante
el 14 de julio y el 4 de agosto en los diferentes puntos del país
pusieron a la justicia en la obligación de oír los reclamos de los
y las ciudadanxs en su conjunto. Así, se logró un avance clave para
una batalla que continúa: nuestro objetivo es conseguir la nulidad
para todos los sectores.
Pero lo cierto es que el fallo dado a
conocer hoy esconde una trampa: los usuarios residenciales que no
pagarán el aumento representan sólo un 26 por ciento del consumo de
gas, mientras que el 74 por ciento que deberá abonarlo está
integrado por las pequeñas y medianas empresas, las empresas
recuperadas, los clubes de barrio, los centros culturales, los
centros de jubilados y adultos mayores, y otros sectores.
En
consecuencia, el fallo resulta claramente restrictivo y afectará
fuertemente al sector productivo, que seguirá amenazado a cerrar sus
puertas porque, como ya se manifestó desde los diversos espacios, no
podrá hacerle frente a las subas.
La ecuación resulta sencilla.
La continuidad del incremento tarifario para los sectores que
representan el 74 por ciento del consumo se traducirá -más temprano
que tarde- en una caída de la actividad productiva, en desocupación
y en cierre de industrias; y tendrá un efecto directo en los
bolsillos. ¿Por qué? Porque en el actual contexto inflacionario, el
sector productivo (ese 74 por ciento) se verá obligado a aumentar
sus costos para poder pagar el tarifazo del que la Corte no lo
excluyó.
Creemos oportuno destacar el dictamen de la procuradora
general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que consideraba que el
aumento pone en riesgos derechos humanos y fundamentales. En este
sentido, remarcaba que "El servicio público domiciliario de gas
es un servicio indispensable para la salud y la vida digna" y
que "el acceso al servicio básico del gas es indispensable para
la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las
empresas —en especial, las pequeñas y medianas—, las fábricas
recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida
la conservación de las fuentes de trabajo".
En conclusión,
alertamos a la ciudadanía sobre el verdadero impacto del fallo de la
Corte, expresamos nuestra profunda preocupación por la continuidad
del tarifazo y llamamos a seguir peleando para lograr que la nulidad
de la suba de los servicios se aplique a todos los sectores y no
tenga consecuencias generales a mediano plazo.
Contactos de prensa: Ayelén Pujol: 154-980-8723 Jaime Galeano: 155-331-6613
¿Es mucho pedir que reenvíes este mail a 10 personas que les afecte el tarifazo?